Trabajo acelera para enviar al Congreso la ley para reducir la jornada laboral antes de septiembre

Pasadas las elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas, el Ministerio de Trabajo se dispone a pisar el acelerador y cerrar una de las normas llamadas a ser estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha reunido este lunes con patronal y sindicatos con el objetivo de que la mesa de diálogo social coja velocidad y pueda remitir al Congreso la ley para disminuir el tiempo máximo de trabajo antes del mes de septiembre.

El objetivo es pasar primero de las actuales 40 horas semanales a las 38,5 horas a partir del 1 de enero del 2025 y luego, en enero del 2026, a las 37,5 horas semanales. En esta última instancia, ocho de cada 10 empleados cubiertos por un convenio colectivo verían reducido su tiempo máximo de trabajo. La regulación relativa a las horas extraordinarias es uno de los focos de discordia entre las partes.

El 'número 2' de Yolanda Díaz en el Ministerio no ha escondido que para su departamento y para el espacio político de Sumar, que acumula varios varapalos electorales este año, aprobar la reducción de jornada tiene una "importancia capital" y un "interés superlativo". Trabajo necesita sacar adelante reformas que luego pueda lucir electoralmente, de la misma manera que durante la pasada legislatura hizo con la reforma laboral del 2021. Y, al igual que con esta, prentede alcanzar un acuerdo en el que esté la patronal. Algo complicado a día de hoy, pero que no imposible, según se ha instado el secretario de Estado.

En España se hacen cada mes 25,6 millones de horas extra, de las que el 41% no se pagan

El 'número 2' de Yolanda Díaz en el Ministerio no ha escondido que para su departamento y para el espacio político de Sumar, que acumula varios varapalos electorales este año, aprobar la reducción de jornada tiene una "importancia capital" y un "interés superlativo". Trabajo necesita sacar adelante reformas que luego pueda lucir electoralmente, de la misma manera que durante la pasada legislatura hizo con la reforma laboral del 2021. Y, al igual que con esta, pretende alcanzar un acuerdo en el que esté la patronal. Algo complicado a día de hoy, pero que no imposible, según se ha instado el secretario de Estado.

Hasta ahora las negociaciones para pactar cómo se articulará y materializará en el día a día de las empresas esa reducción de jornada se han centrado, principalmente, en el terreno de la discreción y en el ámbito bilateral entre patronal y sindicatos. Ya al inicio de las conversaciones Trabajo aceptó dar oxígeno y autonomía a los agentes sociales para que entre ellos se pusieran de acuerdo. No obstante, ahora Yolanda Díaz considera que "no hay más recorrido a esa negociación bilateral", según ha expresado su 'número 2'.

El Gobierno se dispone a poner la directa e intensificar los contactos, a tenor de una reunión de diálogo social semanal y con el objetivo de máximos tener cerrado un acuerdo tripartito antes de finalizar el mes de agosto.

Problema en las horas extra

Uno de los focos de división en el seno del diálogo social a la hora de bajar a lo práctico esa reducción de jornada son las horas extras. Una de las vías que ha estado encima de esa mesa bilateral entre patronal y sindicatos pasaba por reducir el tiempo de trabajo total a cambio de ampliar la posibilidad de aumentar las horas extraordinarias.

Una vía 'a la francesa', ya que en el país galo se bajó hace años la jornada ordinaria, pero abriendo la posibilidad de ampliarla mediante acuerdo con los trabajadores. Aquí el frente sindical no ha estado unido, con UGT abierta a estudiar algún tipo de fórmula si se incrementaba el salario por dichas horas extra y CCOO más cerrada en banda. "Nosotros también tenemos muchas dificultades para introducir elementos de compensación que pasen por incrementar las horas extraordinarias", ha afirmado sobre este punto el secretario de Estado de Empleo.

En España se realizan mensualmente unos 25,6 millones de horas extraordinarias, de las cuales el 41% no se pagan, según los últimos datos disponibles del INE. "Son terriblemente abusivas", ha afirmado la secretaria de política sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Estas horas las realizan el 5% de los asalariados en España. Desde la UGT reclaman que, al margen de cómo quede la negociación, las horas extra se deben pagar un 25% por encima del precio de hora ordinaria, "tal como marca la Carta Social Europea", ha señalado el vicesecretario general, Fernando Luján.

La CEOE, por su parte, no ha realizado valoraciones sobre la reunión. Las relaciones actuales de los empresarios con el Gobierno pasan por un momento bajo y la ley para la reducción de jornada fue vista inicialmente como una injerencia pública en el ámbito de la negociación colectiva.

Que la CEOE entrara en un hipotético acuerdo es capital para los intereses del Gobierno. Y es que la precaria mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez dificilmente sería reeditable si la ley para la reducción de la jornada cuenta con el rechazo explícito de los patronos, ya que partidos históricamente afines a los intereses de la patronal, como el PNV o Junts, tendrían más argumentos para desmarcarse de la norma y condenarla al fracaso parlamentario.