Asociación

Multinacionales piden simplificar la regulación para atraer más inversión extranjera

Demandan mejorar el entorno regulatorio para alcanzar la estabilidad normativa y un marco jurídico seguro para las empresas y los inversores

Unas oficinas / Arquitectaria Tai

En su décimo aniversario, la asociación Multinacionales con España ha publicado un informe en el que realza la necesidad de simplificar los procesos regulatorios y administrativos para atraer una mayor inversión extranjera en el país. Bajo el título 'La buena legislación. Cómo atraer más inversión a España mediante la mejora de los procesos regulatorios', la asociación explora la importancia de alcanzar la estabilidad normativa y un marco seguro y de calidad, mediante una regulación "proporcionada, transparente, eficaz". Porque tanto la estabilidad política como la regulación son dos aspectos clave en las decisiones de inversión extranjera.

"España destaca por su abundante producción normativa", inquiere el estudio, que considera "excesivamente oneroso" este marco regulatorio, concretamente para los operadores económicos. Lo tacha de complejo y disperso. Y defiende que esta commplejidad incrementa los costes y "fragmenta artificialmente el mercado".

El país presenta también "una clara debilidad en materia de evaluación normativa ex post", según la asociación. Porque "no se efectúa una revisión sistemática de los principales textos" una vez aprobados y aplicados, perdiéndose así la ocasión para depurar normas y mejorarlas. El texto también menciona la posibilidad de mejorar criterios como la participación ciudadana.

Todo lo anterior "ralentiza la actividad económica y empresarial, drena recursos que podrían ser empleados en inversiones productivas, reduce la transparencia y la agilidad, dificulta la libre competencia, frena la innovación y la creación de empleo y desincentiva el espíritu emprendedor". Estos impactos tienen más fuerza en empresas pequeñas y jóvenes y en el sector manufacturero, en este caso por la complejidad del negocio.

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Y propone algunos cambios como ampliar el ámbito temporal del plan normativo, que vaya desde la anualidad actual hasta la legislatura, y reducir el número de normas aprobadas que no fueron incluidas en la planificación. Vuelve a incidir en "buscar la sencillez, la certidumbre y minimizar las cargas administrativas", así como en incrementar el plazo para la participación ciudadana y ejecutar las evaluaciones con mayor intensidad.

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