"Si Marie Claire se apaga esta comarca desaparece". Es ha sido el grito unánime de las decenas de personas que a primera hora de la tarde de este viernes han protagonizado una manifestación en Vilafranca para reclamar alternativas al más que probable cierre de la histórica empresa textil. La protesta, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, y que ha sido secundada por trabajadores, alcaldes de los municipios de Els Ports y de la comarca turolense del Maestrazgo, ha salido a las 14.00 horas desde la nave de Marie Claire y ha concluido en la avenida Losar, frente al monumento de la Mujer Trabajadora. Los sindicatos han exigido a la administraciones soluciones para los trabajadores de la textil, así como un alternativa industrial a la comarca.

Antes de la manifestación, que ha estado encabezada por multitud de alcaldes de la zona y representantes políticos de ámbito provincial, los trabajadores de la textil se han reunido en asamblea en la Casa de la Cultura de Vilafranca para conocer al detalle los dos planes que tiene que la empresa. El primero es parar la actividad el 20 de junio, ir a concurso, presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a toda la plantilla y liquidar la compañía. El segundo pasa por aplicar un ERE para 190 personas (casi el 70% de los asalariados), con lo que se quedaría solo con unos 90 trabajadores (entre 50 y 60 estarían en Vilafranca), una cifra que le permitiría mantener una mínima actividad.

Pero para que este segundo plan funcione tienen que darse toda una serie de condicionantes. El más importante es refinanciar la deuda con los acreedores, que en estos momentos, y según fuentes sindicales, asciende a 50 millones de euros.  De esos 50 millones de euros, 21 corresponden a los préstamos con condiciones ventajosas que le concedió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en junio del 2020 y en el mismo mes del 2021, un dinero que hay que devolver, dado que desde la Generalitat valencia no se contempla bajo ningún concepto una quita. Además, la mercantil está en negociaciones con fondos de inversión y socios internacionales para que inyecten entre tres y cuatro millones de euros, cifra que considera necesaria para ejecutar el nuevo plan de negocio. La tercera pata es llegar a un acuerdo con los sindicatos y pactar la salida del 70% de la plantilla, un proceso en el que el Fogasa, y según pretende la compañía, se haría cargo de las indemnizaciones.