Como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno aprobó a finales del 2022, en primera lectura, el anteproyecto de ley de la Función Pública. El texto ha sido consensuado con los agentes sociales, aunque el Ejecutivo cree que aún tiene margen de mejora en el futuro. Este anteproyecto incorpora "elementos de transformación, mejora y modernización de la Administración General del Estado" para modernizar la Función Pública. Se estima que el Gobierno lleve a cabo la sistematización de los cuerpos y escalas.
Esta ley contempla el establecimiento de una planificación estratégica que equilibre los objetivos de la Administración con la política actual de recursos humanos, y además, adaptar la selección de personal con las necesidades de la Administración. El Ministerio de Hacienda y Función Pública espera aplicar el anteproyecto a la Administración General del Estado (AGE), entidades gestoras de la Seguridad Social, entidades públicas empresariales, organismos autónomos, agencias estatales, universidades públicas no transferidas, autoridades administrativas independientes y demás entes de derecho público.
Nueva categoría
Una de las grandes novedades será que el sistema será escalonado para ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Es decir, apostará por la promoción profesional interna a partir de la trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño. Al mismo tiempo, el desempeño de los funcionarios será evaluado obligatoriamente con el objetivo de mejorar su productividad y adecuar su carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público. Hacienda prevé valorar periódicamente la conducta profesional de los funcionarios, así como su rendimiento y resultados.
En el texto también aparece reconocida por primera vez una nueva categoría, la del directivo público profesional. Estas personas tendrán funciones de desarrollo de políticas y programas públicos y serán considerados aquellos titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen. Según precisa Hacienda, se trata de un "perfil clave en la concepción de una Administración Pública moderna" que será nombrado por el sistema de libre designación. Dentro de los requisitos necesarios para esta categoría, este personal no podrá contar con ninguna evaluación de desempeño negativa durante el periodo previo que se determine reglamentariamente y deberán contar con la debida formación en función del perfil del propio puesto.
Su nombramiento tendrá una duración máxima de cinco años que serán renovables por períodos idénticos a propuesta del órgano competente de designación, siempre y cuando se mantengan los requisitos para el nombramiento y no haya recibido evaluaciones negativas. Hacienda creará un directorio, de inscripción voluntaria, de todo el personal directivo público profesional para facilitar la gestión del talento y la posible cobertura de vacantes.