El paquete de medidas aprobado por el Gobierno sigue la misma línea que los anteriores con tres palancas esenciales: bajada de impuestos indirectos, subvenciones y controles de precios. Empezando por el primero de los campos, la supresión temporal del IVA superreducido para los alimentos sujetos a este tipo era una medida esperada para mitigar la subida del coste de los alimentos (el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en noviembre un 15,3% interanual según el INE).

Pero no por ser más esperada no resulta más dudosa en cuanto a su efectividad y conveniencia. Las bajadas de impuestos indirectos tienen sentido en mercados competitivos donde no haya una excesiva concentración de poder de mercado, no haya cuellos de botella en el segmento de la distribución y donde se manejen márgenes superiores a la cuantía del propio impuesto. No es el caso de la distribución alimentaria en España. Si bien es un mercado razonablemente competitivo, registra márgenes muy pequeños en términos de resultado neto sobre cifra de negocios (de entre el -1% y el 4%, según los últimos datos de central de balances del Banco de España correspondientes a 2021).

Es decir, la bajada del IVA del 4% al 0% tendría un efecto mínimo, ya que los márgenes con los que se forman los precios finales son muy pequeños y existiría el incentivo a que una parte de la bajada se internalizara en el margen y sólo la otra parte restante fuese repercutida en el precio de venta al consumidor. Un poco más de campo de actuación hay en pasta, aceite y electricidad, donde la bajada es del 10% al 5%, y más campo hay con la bajada del 21% al 5% en el recibo del gas. De hecho, la rebaja impositiva de los suministros energéticos a los hogares (IVA, impuesto especial, impuesto a la generación…) ha permitido descontar 0,8 puntos porcentuales en términos promedio a la tasa de inflación desde su aplicación en 2022.

No parece que estemos ante una medida que ayude de manera sustancial a los bolsillos más precarios. Aquí llega, en segundo lugar, la política de subvenciones. Está por ver cómo se podrá instrumentalizar el cheque de 200 euros y los mecanismos de control de qué se hace con este dinero. En cualquier caso, una condición indispensable es su ligazón al nivel de renta mediante el contraste con los datos de Hacienda. Ésa podría haber sido la solución para la bonificación de los carburantes, pero se ha optado por la supresión general y mantener lo que ya se hacía para los profesionales como es la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos.

En tercer y último lugar está el caso de los controles de precios. En el caso del butano, es una medida instantánea por ser aún un precio regulado. Pero en el caso de los contratos de arrendamiento, la medida eleva considerablemente las barreras a la entrada de nuevos inquilinos, favoreciendo a los que ya están alquilados frente a los que necesitan estarlo en los próximos meses. Por un lado, los propietarios exigen más garantías y una cobertura de riesgo más amplia que se traduce en un incremento de la renta a los nuevos inquilinos. Y, por otro lado, blinda la posición de los inquilinos con contratos menos recientes, los cuales están disfrutando de un freno a la revalorización de la renta que se traduce en mayor poder adquisitivo. 

En suma, las medidas aprobadas persiguen unos objetivos complejos con unas herramientas que en la mayor parte de los casos pueden terminar siendo contraproducentes. Al fin y a la postre, cuando la política monetaria no depende del país, los instrumentos para luchar contra episodios inflacionistas se reducen considerablemente. De hecho, se produce un incentivo a articular medidas por el lado del gasto público para generar ahorros de corto plazo en los sectores más afectados. El problema siempre viene cuando la inflación se diagnostica mal y se cree que sólo es una cuestión causada por la subida del precio del petróleo o de los alimentos en los mercados internacionales.

Es lo que sigue sucediendo, un año y medio después, en España. A pesar de que la vertiginosa subida hasta el 10,8% en julio y su bajada no menos vertical hasta el 6,8% en noviembre de la tasa interanual de inflación venga determinada por la subida primero y posterior bajada de los precios de los productos energéticos, en el fondo, existen tensiones muy fuertes que impulsan los precios debido al enorme exceso de liquidez que en el área monetaria europea llegó a ser de 4,7 billones de euros hace tres meses. A ello se suma los paquetes de estímulo fiscal y monetario puestos en marcha por los Gobiernos desde el covid y después para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias en los últimos meses. Es necesario no seguir alimentando el ‘círculo vicioso’ de la inflación.