Pedro Sánchez volverá este martes a las pantallas. Lo hará después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un nuevo plan para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, el tercero del año. El presidente del Gobierno glosará en prime time las bondades de los dos escudos anticrisis anteriores y sacará pecho de la moderación de la inflación.
Las estimaciones del Ejecutivo de coalición le dan alas, ya que calculan que a través de sus medidas se han contenido los precios en torno a 3,5 puntos porcentuales en tasa interanual. Así creen que el descenso registrado desde agosto ha situado la tasa de inflación española por debajo de la media de la zona euro.
Pero Sánchez será un imprudente si no reconoce que el freno de la espiral alcista se ha apoyado también en el abaratamiento del gas natural y de los carburantes en los últimos meses. Él sabe que, en cambio, sigue la presión al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas o los bienes intermedios. Esas mismas estimaciones del Gobierno le dicen que productos de primera necesidad, como la harina, la mantequilla o el azúcar, han experimentado incrementos cercanos al 40% interanual.
Es en este contexto, en el que también persiste la incertidumbre sobre la duración de la guerra, en el que hay que entender el plan que anunciará Sánchez. A pesar de que el diablo está en los detalles, todavía por conocer al cien por cien, todo apunta a que habrá alivios para la cesta de la compra (cheques directos o bajadas de IVA selectivas están sobre la mesa) y que los descuentos de carburantes serán más restrictivos, concentrados solo en transportes y el sector primario. Esta última es una actividad que el Gobierno hace bien en proteger.
La cruzada de Sánchez es ahora frenar un efecto rebote de la inflación que pueda aparecer tanto por razones coyunturales como por el vencimiento de las propias medidas anticrisis que algún día tendrán que finalizar. De este último riesgo ya ha advertido el Banco de España. El Gobierno busca esto a la vez que quiere proteger a los más vulnerables y sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos fiscales. No hay que olvidar que Bruselas estima que las medidas para mitigar el impacto de la crisis energética absorbieron el 1,6% del PIB en 2022. Mucho habrá que afinar para evitar sustos posteriores y siempre será mejor huir de ayudas a todos por igual que estrangulan las cuentas públicas. Buena suerte, porque falta le va a hacer.