La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estrecha el cerco a las grandes energéticas en pleno vuelco en el sector del gas. El organismo ha abierto una investigación a las grandes compañías gasistas para analizar si están entorpeciendo de manera deliberada el trasvase masivo de clientes hacia las tarifas reguladas del gas que se está produciendo por el nuevo paquete millonario de ayudas puesto en marcha por el Gobierno para bajar la factura.

La CNMC abrió hace dos semanas un expediente informativo y solicitó información a todas las grandes compañías energéticas obligadas a comercializar las tarifas reguladas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) sobre los medios técnicos y de plantilla empleados para atender el aluvión de solicitudes de cambio de tarifa de las últimas semanas, tras las quejas de muchos consumidores por los tiempos de espera, por la falta de información y por las dificultades para conseguir concretar la contratación.

En plena avalancha de solicitudes para cambiar de tarifa, Competencia ha decidido ampliar la investigación para vigilar otros posibles comportamientos fraudulentos vinculados con este trasvase de clientes. Y es que CNMC ha incluido como parte de ese mismo expediente informativo una vigilancia específica de si las energéticas están incumpliendo la nueva normativa que les obliga a dejar de cobrar servicios añadidos (de mantenimiento, de emergencias, de revisión de equipos…) a sus clientes cuando cambian de compañía, según confirman fuentes del organismo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Rescisión automática

El Gobierno incluyó en el último real decreto de medidas energéticas anticrisis una reforma normativa para obligar a las compañías a rescindir los servicios adicionales en el mismo momento en que se den de baja del suministro de gas para irse a otra comercializadora. La CNMC ha decidido supervisar si efectivamente todos los grupos están cumpliendo con esa nueva exigencia ante las sospechas de que no sucede.

En plena avalancha de cambios de clientes hacia las tarifas reguladas, consumidores han venido denunciando que sus antiguas compañías de gas del mercado libre han mantenido activos los servicios adicionales tras contratar con otro proveedor o les han cargado cobros agrupando el coste de varios meses de estos servicios (por lo general, entre 10 y 15 euros mensuales) hasta completar la anualidad por la que estaban contratados estos servicios.

“Los servicios adicionales que hayan sido contratados por el consumidor junto con el suministro de gas natural deberán ser rescindidos a la vez que el suministro de gas natural, salvo que el consumidor indique expresamente lo contrario en el momento de la finalización del contrato”, recoge el texto del real decreto. Aunque el espíritu de la reforma implica la suspensión inmediata de estos servicios y de los cobros cuando se cambia de compañía, desde el sector energético y desde el propio Gobierno se reconoce que la redacción del decreto puede dejar abiertas varias interpretaciones sobre su alcance o sobre su ejecución.

La mayoría de estos contratos de servicios extra, singularmente vinculados al mantenimiento de la caldera o de los equipos de calefacción, tienen una vigencia de un año y su prórroga es automática. Desde el sector energético se apunta que puede resultar legítimo, en caso de cambio de compañía por parte del cliente, ejecutar el cobro de las mensualidades restantes hasta finalizar el año completo a modo de penalización.

La CNMC pretende vigilar, no obstante, cómo se están ejecutando las rescisiones de manera automática y sin tener que solicitarlo el cliente como contempla la nueva normativa y si se están produciendo abusos en este ámbito. “Como parte del expediente informativo, estamos muy atentos a si hubiera problemas con los servicios adicionales que se les pueda mantener a los clientes a pesar de que se hayan cambiado a la TUR [tarifa de último recurso, la tarifa regulada de gas]”, apuntan desde Competencia.

Trasvase masivo por las ayudas

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete millonario de medidas para bajar la factura de gas de más de tres millones de hogares que ha sido el detonante del trasvase masivo de clientes. Un escudo anticrisis de 3.000 millones de euros que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa que rebajará a la mitad la factura de 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en su comunidad de vecinos.

El Ejecutivo, no obstante, garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que las nuevas medidas de ayuda provocarán en las cuentas del sistema gasista español, y que puede dispararse por esa fuga masiva de clientes hacia las tarifas reguladas. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023.

Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas de gas natural (denominada tarifa de último recurso, TUR), han venido registrando en las últimas semanas un alud de consultas por parte de clientes sobre su salto al negocio regulado y dan por hecho un cambio de tendencia hacia una contratación multitudinaria de tarifas reguladas tras años con una cartera de clientes menguante que iban a parar a las tarifas del mercado libre.

El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-. Con los datos de cierre del año pasado, casi 6,5 millones de clientes tenían contratadas tarifas libres (más del 80% del total) y 1,5 millones seguían con tarifas reguladas.