El Pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley de protección de los consumidores, con una enmienda que compromete al Gobierno a promover modificaciones legislativas para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores en situación de vulnerabilidad que lo demanden.
El grupo socialista ha admitido 10 enmiendas de las 128 presentadas al texto y sobre la base de algunas de ellas ha formulado enmiendas transaccionales que permitirán esa atención personalizada para los usuarios más vulnerables y afectados por la brecha digital.
Por otra de esas enmiendas, el Ejecutivo auspiciará, en coordinación con el Banco de España como supervisor y representantes del sector de entidades de crédito, un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquellas de mayor edad.
En ese plan se contempla que el cierre de las oficinas bancarias no lleve aparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos o incrementar el personal para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar sus operaciones.
Prevé la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables; promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de personas vulnerables y tecnologías de acceso a la banca sencillas.
Fomentará la máxima seguridad, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas online, entre otras medidas para acercar los servicios financieros a todos, especialmente en el mundo rural y teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores.
El proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica se ha aprobado con 157 votos a favor, cinco en contra y 103 abstenciones.
Durante el debate, los portavoces del PP, Ciudadanos y Vox han reprochado que el texto "ampare" las ocupaciones de las viviendas y amplíe los casos para evitar la recuperación de la propiedad privada si no se utiliza la violencia. Han coincidido también en la falta de utilidad del Ministerio de Consumo y de su titular, Alberto Garzón.
Bienvenido de Arriba (PP) ha considerado que la ley "tiene carencias" y "no protege a los consumidores vulnerables" y ha defendido sus 18 enmiendas en el sentido de agravar las sanciones para los infractores, trasponer el derecho europeo de los consumidores a la legislación española o mejorar los procedimientos de reclamaciones y quejas.
La portavoz socialista, María Esther Carmona, ha dicho que la ley "protege y mejora" la calidad de vida de los consumidores vulnerables, que necesitan el amparo de las administraciones y una norma garantista.